En una decisión de alto impacto político e institucional, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, resolvió intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi y remover de su cargo al intendente Luis “Pato” Campos. La medida, dispuesta mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se adoptó tras la difusión de un audio comprometedor que involucra a Campos y al empresario Roque “Chipi” Giménez en presuntas conversaciones sobre vínculos con el narcotráfico y un millonario robo.

La gravedad de los hechos desató una profunda crisis institucional en el sur tucumano, que derivó en la aplicación del artículo 139 de la Constitución provincial. Dicha norma faculta al Poder Ejecutivo a intervenir municipios en casos de “grave desorden institucional”.

En reemplazo de Campos, asumió como interventor el contador Guillermo Norry, quien tendrá a su cargo la administración del municipio por un plazo máximo de 180 días. Durante ese tiempo, su principal responsabilidad será restablecer el orden administrativo, garantizar la prestación de los servicios básicos y preparar el terreno para el regreso a la institucionalidad democrática.

El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, explicó que Norry cuenta con experiencia en la función pública y estará enfocado en normalizar la situación financiera del municipio. Además, aseguró que los empleados municipales mantendrán sus puestos bajo las directivas del nuevo interventor.

Como parte del proceso de recomposición institucional, el gobierno provincial también convocó a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre, con el objetivo de que los vecinos de Alberdi elijan a un nuevo intendente mediante el voto popular.

La intervención en Alberdi marca un nuevo capítulo en el convulsionado mapa político de Tucumán y pone de relieve la creciente preocupación del Ejecutivo provincial frente a situaciones que puedan erosionar la legitimidad y el funcionamiento democrático de los gobiernos locales.