En diálogo con N10, la periodista Maira López, integrante de Ciudadana Comunicación, analizó las consecuencias de la derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias indígenas. Según explicó, más de 140 mil personas en la provincia de Salta —la de mayor población indígena del país— quedaron sin resguardo legal sobre sus territorios.

“Lo preocupante es que se están reactivando juicios de desalojo incluso en comunidades que ya tenían carpetas técnicas y resoluciones parciales de relevamiento”, advirtió López. Hasta marzo de este año, existía un convenio entre Nación y la provincia para continuar con los relevamientos en más de 520 comunidades, de las cuales 292 ya estaban en proceso avanzado. Con la caída de la ley, ese acuerdo perdió vigencia y los procedimientos quedaron paralizados.

López también remarcó que la eliminación de la norma agrava una situación histórica de vulnerabilidad: “No hay políticas activas a nivel provincial que reemplacen la protección que brindaba la ley. Y a nivel nacional, Argentina fue el único país de la región que no acompañó la resolución de la ONU que reafirmaba la defensa de los pueblos indígenas”.

Finalmente, señaló que las comunidades no abandonarán sus territorios pese a las presiones judiciales. “Ellos no conciben esas tierras como propiedad, sino como parte de su identidad. El desafío ahora es evitar que la falta de respaldo legal derive en más conflictos y pérdida de derechos ancestrales”, concluyó.