A través de la Resolución 1751/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares del país.

El Estado nacional conservará el 51% de las acciones, asegurando el control mayoritario, mientras que se licitará un 44% en bloque a inversores privados —en una convocatoria nacional e internacional— y el 5% restante se destinará a un programa de propiedad participada para los trabajadores.

La medida, firmada por el ministro Luis Caputo, se enmarca en el proceso de “reestructuración y eficiencia del sector energético”. Sin embargo, la decisión generó críticas entre especialistas del ámbito nuclear.

El físico Andrés Kreiner, secretario general de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), señaló que “NA-SA es superavitaria, estratégica y promotora del trabajo argentino”, por lo que “no hay justificación económica ni técnica” para privatizarla. Advirtió además que, de aumentar las ganancias de un futuro inversor privado, “la tarifa deberá incrementarse y el costo lo pagará la sociedad”.

Kreiner también vinculó la medida con la búsqueda de divisas para sostener el valor del dólar, calificándola como una decisión “electoralista y cortoplacista”, y alertó que podría limitar la capacidad tecnológica e independiente del desarrollo nuclear argentino, construido sobre la base del uranio natural y el agua pesada.