La Justicia federal impuso una nueva restricción al exjefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Por disposición del juez Ariel Lijo, el exfuncionario deberá informar y solicitar autorización cada vez que pretenda salir del país, para que el tribunal evalúe la pertinencia de cada viaje mientras avanza el expediente.

La medida fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que, si bien no existen elementos suficientes para sostener un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, resulta conveniente que cualquier viaje al exterior sea previamente comunicado a la Justicia. De esta manera, cada solicitud será analizada antes de que Adorni pueda cruzar la frontera.

En la misma resolución, el juez rechazó los pedidos de detención, prohibición absoluta de salida del país y retención del pasaporte que habían presentado el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes en la causa. Tanto el magistrado como el fiscal entendieron que, por el momento, no existen fundamentos para aplicar medidas de mayor gravedad.

Entre los argumentos considerados por la Fiscalía se encuentra que Adorni no registra antecedentes penales, posee domicilio y bienes en Argentina y mantiene aquí su núcleo familiar. Además, su defensa informó formalmente que el exfuncionario permanece en el país y que no tiene previsto viajar al exterior en el corto plazo, circunstancia que también fue valorada por la Justicia al momento de resolver.

La investigación, sin embargo, continúa avanzando sobre la evolución de su patrimonio. En las próximas semanas se espera un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizará si existen inconsistencias entre los bienes declarados por Adorni y sus ingresos. Ese estudio servirá como base para un requerimiento formal de justificación patrimonial, primera instancia en la que el exfuncionario deberá explicar el origen de su fortuna.

La causa también incorporó recientemente las declaraciones de los últimos testigos convocados por la Fiscalía. Según la hipótesis de la investigación, empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial habrían facilitado sus nombres o tarjetas de crédito para realizar compras atribuidas a Adorni. Si las explicaciones patrimoniales no logran despejar las sospechas de los investigadores, el expediente podría avanzar hacia una eventual citación a declaración indagatoria.